Por María Alejandra Díaz
En el neoliberalismo no existe compatibilidad entre política nacional y economía liberalizada. Todo intento de construir un Estado inserto en el liberalismo económico es inversamente proporcional a una política social y económica soberana y nacionalista.
Para salir de este dilema, en el coloquio de Walter Lippmann, se inventa la fórmula del “ordoliberalismo”, en palabras de List: “El arte de gobernar lo social (tecnocracia) imponiendo la legitimidad de la libre competencia como modelo, reduciendo a su mínima expresión al Estado, instrumento táctico y estratégico en manos de unos cuantos países para alcanzar una hegemonía en lo económico e imperialista en lo político, con respecto al resto del mundo”.
Plantean que debemos abstenernos de modificar la competencia tal como existe, no intervenir frente a las desigualdades iniciales. Tampoco promover la igualación social y la distribución equitativa para el acceso a bienes de consumo y menos controlar precios. Lo “racional” es eliminar la política de pleno empleo y la inversión pública, garantizando que una parte de los ingresos más elevados dedicada al sobreconsumo se transfiera un mínimo vital a los más débiles, depauperados y marginados.
«Nuestro modelo de Estado democrático Social de Derecho y de Justicia se fundamenta en el bien común, proporcionando una vida digna, con soberanía e independencia»
El impedimento de los neoliberales para aplicar sus políticas de ajuste y cambio estructural en Venezuela es la Constitución, que tiene como fin supremo remediar situaciones de inferioridad, superando las desigualdades, neutralizando sus consecuencias, removiendo obstáculos, garantizando igualdad material y real de oportunidades y condiciones, donde el Estado es expresión del pueblo, la economía de mercado no es el principio regulador del resto de la sociedad y las políticas sociales no son compensatorias o de asistencia mínima vital, sino de producción social, felicidad, bien común y autovaloración.
Nuestro modelo de Estado democrático Social de Derecho y de Justicia se fundamenta en el bien común, proporcionando una vida digna, con soberanía e independencia, utilizando como palanca el dominio público de los recursos naturales y el ideario bolivariano.
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María Alejandra Díaz Constituyente
