Por Ana Cristina Bracho
Durante los últimos días, la opinión pública venezolana ha sido tomada por la propuesta del Presidente de una “Ley Antibloqueo”, un documento que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que pretende hacer frente a la política de la diplomacia coercitiva que Estados Unidos ha aplicado sobre Venezuela en los últimos años.
En este tema, debemos ver varios elementos. El primero es que este marco jurídico constituye una reacción de un país hostigado que conoce que las medidas dictadas por personas que dedican esfuerzos en conocer nuestro marco regulatorio y que lo vienen manipulando en nuestra contra.
Recordemos sobre esto, por ejemplo, en el juicio de Crystallex que terminó con la apropiación de Citgo se hicieron muchas consideraciones sobre la naturaleza de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) como una persona jurídica distinta –que para ellos era una pantalla– de la que constituye la República Bolivariana de Venezuela. En ejemplos más públicos tendríamos todos los voceros que aparecieron en 2019 leyendo la Constitución intentando sacar del Artículo 233 la posibilidad que alguien que no fue votado se constituya en Presidente.
El segundo, es que estas medidas que se han dictado con el objetivo de asfixiar a Caracas han sido declaradas contrarias al Derecho Internacional y capaces de violar Derechos Humanos, tanto en la fórmula que se aplica sobre Venezuela como en casos similares en los que han sido usados por Washington.
Por eso, es interesante que nosotros tomemos en cuenta que en otros países existen instrumentos jurídicos que como este quieren servir de paraguas para evitar la pretensión estadounidense de que su derecho es suficiente para ordenar las relaciones comerciales, tecnológicas, militares y de otra índole que se dan en cualquier parte del mundo.
De todos los ejemplos, hemos escuchado hablar en los últimos días de la Ley 80 cubana, que guarda similitudes con el documento venezolano, al tener, por ejemplo, una vigencia que se condiciona al tiempo que Estados Unidos pretenda seguir con esta acción sobre la isla.
Sin embargo, nos parece más interesante mirar algunos elementos del caso iraní. Al estudiarlo, conseguimos que sus socios comerciales –principalmente Europa– tienen una legislación que busca dejar sin efecto las acciones coercitivas sobre sus nacionales que tienen vinculaciones con el mundo persa y que esta norma resucitada ahora que el viejo continente se niega a apoyar a Trump en las presiones sobre Teherán, nació originalmente para evitar que los empresarios europeos fueran objeto de las regulaciones estadounidenses que prohibían el comercio con Cuba.
De allí que para superar el bloqueo haya que tomar medidas nacionales pero también recordar la necesidad de mantener y ampliar las relaciones diplomáticas con otros países que busquen defender a sus nacionales para que puedan invertir con seguridad en el territorio afectado por los actos coercitivos.
Para lograrlo, vemos por ejemplo que Teherán ha trabajado en cambiar su legislación interna, principalmente para acercarse a los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y proporcionarles a los potenciales inversores más seguridades cuando entren en su espacio o reducir los cuestionamientos que reciben por comerciar con ellos.
Estas alternativas, en un contexto tan complejo como el que vivimos no son excluyentes, sino que deben acumularse y que debe recordarse que la premisa fundamental debe ser el llamado al entendimiento, al diálogo nacional y a la defensa como fines supremos de todas las actuaciones que se lleven a cabo porque hemos de considerar que en el presente vivimos un cuadro que lesiona a todos los sectores y es más potente contra los eslabones más débiles.
En cierto modo, nosotros podemos observar que la acción del Estado parece ajustarse a una mejor comprensión de que la batalla tiene una dimensión jurídica. Así, pese a que nos faltan actuaciones que mejoren la legislación en nuestras más profundas debilidades vemos cómo Venezuela ha decidido desarmar parte de las matrices que se dictan sobre ella mediante un acercamiento con las Naciones Unidas.
Esta semana en esta línea veíamos la noticia de Venezuela buscando renovar el mandato del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en el país y el reenvío del oro, en el juicio sobre él que se desarrolla en Londres, a una instancia inferior para que vuelva a pronunciarse sobre su entrega donde quizás veamos fortalecida la alternativa que en su regreso se involucren las oficinas onusinas que puedan administrarlo para la compra de medicinas, alimentos e insumos que tanto la contingencia del Covid-19 como los enfermos crónicos requieren con tanta urgencia.
__________________________________________________________________
Ana Cristina Bracho Abogada y docente
