El 2 de septiembre de este año una supuesta embarcación fue hundida por un supuesto misil lanzado desde una nave militar estadounidense en el sur del Caribe. Según las versiones del Imperio estadounidense, 11 personas murieron. De ser cierta dicha versión, no hubo advertencia previa, no hubo captura, no hubo juicio. Solo fuego y muerte desde el cielo. La excusa: «lucha contra el narcotráfico». El resultado: una ejecución extrajudicial transmitida como espectáculo de control imperial. Acaso una potencia como los Estados Unidos no tiene la capacidad para abordar la embarcación y detener a los tripulantes para llevarlos a juicio.
Los voceros de siempre, los que aplauden cada bomba que cae si viene con bandera estadounidense o israelí, salieron a justificar la barbarie. Que eran criminales, que eran parte del Tren de Aragua, que el objetivo era legítimo. Pero ni uno solo de ellos mencionó que las víctimas no tuvieron defensa, que no hubo tribunal, que lo que ocurrió fue lisa y llanamente una masacre sin debido proceso. Ni siquiera el más elemental principio del Derecho Internacional fue respetado. Se impuso la lógica del «disparen primero, pregunten después».
Como latinoamericano, como comunista, como defensor de los Derechos Humanos, no puedo sino alzar la voz frente a este acto de guerra encubierta. Porque lo que presenciamos no es solo un operativo militar, es la actualización del intervencionismo imperial disfrazado de seguridad hemisférica, una vieja práctica estadounidense que ya conocemos desde Santo Domingo hasta Panamá, desde Granada hasta Venezuela, y también en Chile y Palestina.
¿Quién autorizó esta intervención? Nadie. ¿Hubo resolución del Consejo de Seguridad? No. ¿Hubo consentimiento del Estado venezolano? Tampoco. La operación viola flagrantemente el Artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza en relaciones internacionales. Pero, claro, cuando el que dispara es el hegemón, los tratados se convierten en papel mojado.
Y más grave aún: Estados Unidos actúa como juez, jurado y verdugo, ejecutando personas en aguas internacionales o en zonas grises del derecho. Es la consagración del lawfare militarizado: ni siquiera se requiere ahora una acusación formal o un montaje judicial. Basta con una etiqueta y la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos, «narcotraficante», «terrorista», «miembro de una banda», «corrupto» y se autoriza el asesinato extrajudicial. Ni siquiera los regímenes más autoritarios del pasado se atrevieron a hacerlo con tal descaro.
Pero esto no ocurre en el vacío. Esta operación coincide con una preocupante acumulación militar estadounidense en el Caribe: siete buques de guerra, un submarino nuclear y más de cuatro mil 500 marines se despliegan como si estuviéramos ante un inminente teatro de operaciones. ¿Contra quién es esta amenaza? ¿Qué rol jugarán los gobiernos latinoamericanos en esta escalada? ¿Acaso se preparan nuevas intervenciones encubiertas bajo la narrativa de la seguridad?
Los pueblos del Caribe y de América Latina deben estar alertas. Esta no es solo una cuestión de seguridad, es una cuestión de soberanía y de Derechos Humanos. Hoy pudieron ser 11 personas en una lancha. No lo sabremos hasta que una investigación independiente, si llega a darse, establezca si el video es real o una creación de la Inteligencia Artificial (IA). Mañana puede ser cualquier actor político que desafíe el orden imperial. Ya lo vivimos en Chile en dictadura, y lo volvemos a vivir ahora con otras armas, pero con la misma lógica de la impunidad armada.
Desde nuestra tribuna lo hemos dicho muchas veces: no hay justicia sin soberanía, ni paz sin autodeterminación. El combate al narcotráfico no puede ser pretexto para violar el Derecho Internacional ni para imponer una geopolítica del miedo. Mucho menos para asesinar impunemente a personas sin derecho a defensa. Si queremos un Caribe y una América Latina libres de violencia, debemos hacerlo con soberanía, con cooperación regional, con justicia y no con misiles ni ejecuciones extrajudiciales.
Porque si aceptamos que 11 personas pueden ser ejecutadas sin juicio, entonces todos, tarde o temprano, podemos ser los próximos en la mira.
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Daniel Jadue Chileno, político
