Desde la llegada del Profesor rural, Pedro Castillo, a la Presidencia del Perú el país vive convulsionado en una lucha política fratricida y de poderes constitucionales protagonizada por el ejecutivo y el legislativo.
Pese a la estrategia de acoso y derribo planteada, desde el primer día, contra el gobierno de Castillo por parte de la oposición política, alineada con los medios de prensa más establecidos y aglutinados, el gobierno se había sostenido y no daba muestras de desmoronamiento, aunque sí de desgaste.
El Congreso del Perú hasta ahora había puesto en evidencia que la coalición de las bancadas opositoras no lograba alcanzar los 87 votos necesarios para neutralizar o jaquear al gobierno. En su máxima ofensiva sólo llegaron a alcanzar 71 votos. Una derrota parlamentaria y política en toda la línea. Hasta hoy….
Lo acontecido hasta ayer graficaba un año de derrotas parlamentarias y de dos intentos fallidos de imponer la vacancia del presidencial. Con ambos caminos cegados, intentaron otros métodos para lograr ese objetivo: impulsar investigaciones fiscales para acusar al presidente de delitos comunes, todas ellas, sin embargo, denuncias que debían ser investigadas previamente, y de ser probadas, emprender un proceso de la acusación constitucional largo e incierto.
Una comisión especial de la OEA enviada ad hoc para analizar la crisis política en Perú acaba de abandonar el país repartiendo buenos deseos y recomendaciones, invocando al diálogo y eludiendo cualquier atisbo de duda de la capacidad moral del presidente Castillo. A los pocos días, y la confrontación entre ejecutivo y legislativo se ha precipitado desembocando en la destitución del presidente constitucional.
A diferencia de democracias parlamentarias, como la española, en Perú rige una democracia presidencial. Se vota a un presidente que debe gobernar por cinco años, para bien o para mal. Dicho presidente puede gobernar aún en minoría parlamentaria o aún sin partido, como le sucedió a Carlos Mesa, en Bolivia. Los vaivenes y veleidades parlamentarias y sus desafectos con el ejecutivo no pueden ser causa de vacancia presidencial, con la ley en la mano. En Perú, la investidura de un presidente es sagrada…. o casi.
Solo existe causal para destituir a un presidente y es, acogiéndose a una argucia constitucional, un vestigio de otros tiempos lejanos, denominado “incapacidad moral”. Esta figura simbólica recogida en el artículo 117 de la Carta Magna estuvo reservada a situaciones de excepción y emergencia, que nada tiene que ver con los tiempos que corren. Ni Alberto Fujimori (encarcelado), Alejandro Toledo (prófugo de la justicia) Ollanta Humala (expresidiario) o Alan García (suicidado) merecieron ser considerados incapaces morales por los padres de la Patria. Hasta que en 2017 se exhumó esta figura para destituir a Pedro Pablo Kuczynski.
Lo paradójico es que la incapacidad moral no necesita pruebas solo acusaciones y……votos. Diversos organismos bien ponderados han invocado a que se reglamente y regule este artículo para que no se convierta en el botón rojo de la destitución arbitraria, un mecanismo discrecional y una causa de inestabilidad permanente, sin embargo, el parlamento nunca pareció dispuesto a perder su bala de plata.
Pedro Castillo, aforado y sin una sola prueba o sentencia concluyente de corrupción en su contra que le comprometa personalmente, iba a ser destituido ayer como parte de la tercera tentativa de vacancia presidencial por parte de los “padres de la patria” que, por fin, habían sumado voluntades y reunido votos, obcecados por desalojar a un presidente tan democráticamente electo como incómodo,
El ya expresidente, tratando de anticiparse a su muerte política anunciada, horas antes de la sesión del Congreso, trató de disolver el Parlamento de manera temporal, llamar a nuevas elecciones y decretar un Gobierno de excepción, la reestructuración del Poder Judicial y el toque de queda nocturno, en una maniobra considerable a todos los efectos como «autogolpe».
Sin embargo, sin apoyos, sin respaldo de sus ministros y la oposición de las fuerzas armadas, la suerte de Castillo estaba echada: mediante la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, con el voto a favor de 101 congresistas, 6 en contra y 10 abstenciones, hoy el ya expresidente, ha sido vacado de sus funciones como titular de la máxima magistratura, solo un par de horas después de que intentase refugiarse en las dependencias de la Prefectura, donde fue detenido finalmente.
En términos de política comparada, lo sucedido podría interpretarse, por una parte, como un intento de autogolpe y, por otro, la vacancia puede ser tomada como un golpe constitucional “legal”. El intento de autogolpe de Castillo se parece al que perpetró, con más fortuna, Alberto Fujimori en 1992; la vacancia constitucional, presenta grandes similitudes al impeachment impuesto en Brasil a Dilma Rousseff en 2016, , considerado por muchos como un golpe parlamentario blanqueado.
La vicepresidenta
Dina Boluarte, hasta ahora cercana a Castillo, asumió la presidencia de la República de acuerdo al ordenamiento constitucional. Se convocarán presumiblemente nuevas elecciones, sin embargo, el Perú profundo difícilmente va a aceptar la vacancia de un profesor de provincias al que ya eligieron y menos aún, mantener el voto de confianza en un sistema electoral que lo que escribe con la mano, lo borra el Congreso con la manga.
Debe tenerse en cuenta que en Perú en los años recientes se ha consolidado un voto duro ideólogo, irreductible y con sentido de clase (yo no diría de izquierda, sino contestatario) que aún apoya a Castillo. Todo esto va a polarizar socialmente más aun al país y abocarlo a la ingobernabilidad y la convulsión en el que está sumido hace varios años.
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Gonzalo Marsá Fuentes historiador
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