El Tribunal Supremo israelí aplazó, este lunes 2 de agosto, el veredicto sobre los desalojos de cuatro familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este. El juzgado postergó la decisión a raíz de un recurso presentado por las familias palestinas al-Jauni, al-Qasim, Iskafi y al-Kurd quienes, de acuerdo con su abogado defensor, presentaron “documentos legales” que demuestran la propiedad de los ciudadanos palestinos sobre las casas reclamadas y el terreno donde están construidas.
Sin embargo, el juez Isaac Amit pidió más documentación y señaló “Publicaremos una decisión más adelante”, pero no especificó la fecha. Así mismo, el Tribunal ofreció a los residentes palestinos de Sheikh Jarrah firmar un documento, favorable a los colonos israelíes, en el cual reconocen la propiedad de Israel sobre las tierras del barrio, a cambio de la eliminación del desalojo por tres generaciones subsiguientes. Con la aceptación del acuerdo las familias palestinas recibirían un denigrante estatus de “inquilinos protegidos” dentro de sus propiedades. Además, de verse obligados a pagar un alquiler, que asciende a unos 465 dólares al año, a la organización judía Nahalat Shimon, la cual se acredita ser la dueña del terreno donde se encuentra el barrio Sheikh Jarrah. En efecto es un alquiler simbólico, un costo económicamente bajo en proporción con los precios de los alquileres de inmuebles en una zona como el centro histórico de Jerusalén. Pero, aceptar realizar este pago y vivir como inquilinos es otorgarles legitimidad política a las demandas de los colonos israelíes. La reacción de las familias palestinas fue la de solicitar al juzgado siete días para discutir con todo el vecindario el acuerdo, lo cual fue rechazado por el tribunal. Ante esta decisión las familias afectadas se negaron a aceptar la propuesta, que también pudiera extenderse a un total de 28 núcleos familiares, unas 500 personas que habitan en Sheikh Jarrah.
Sesión en un tribunal de colonos
A través de su cuenta twitter Mohammed al-Kurd (@m7mdkurd), uno de los palestinos residentes en el Barrio Sheikh Jarrah, relató en algunos tweets cómo se desarrolló la sesión en el Tribunal Supremo Israelí. Toda la prensa fue desalojada del recinto, un solo periodista de la BBC logró entrar, Tom Bateman. Así mismo toda la sesión, y los documentos escritos estaban en hebreo, sin que estuviesen presentes traductores (as), conociendo de antemano que el idioma de los palestinos es el árabe. A las familias agraviadas no se les permitió ni siquiera pagar un traductor (a) que les pudiera traducir a su idioma, como el mismo Mohammed señala “Pensar en el avance narrativo que tienen los sionistas sobre nosotros: estamos en un tribunal sólo en hebreo cuando la mayoría no lo habla. No hay ningún tipo de traducción, y no me permiten traer a alguien que traduzca. Nuestros destinos se discuten en un idioma que no entendemos”. Este es el tipo de justicia sionista donde a través de estos mecanismos intimidatorios se presiona, se trata de doblegar la voluntad para alcanzar los objetivos en un marco de total ilegalidad. Estos detalles los omiten las grandes corporaciones comunicacionales que quieren hacer ver a los colonos israelíes y sus míseros jueces como virtuosos y magnánimos, pero los cuales propusieron un acuerdo cuyo objetivo es a todas luces adueñarse de una zona histórica de Jerusalén.

Derecho al retorno
No se trata sólo de la propiedad de las casas y el derecho a vivir en ellas, sino de una bien planificada política sionista discriminatoria destinada a expulsar a los palestinos de Jerusalén, además de tocar un tema muy sensible como es el derecho al retorno del pueblo palestino. La legislación sionista impide a los refugiados palestinos volver a vivir en los territorios que ahora forman parte del Estado de Israel. Para Abu Shehadeh, diputado del partido Árabe Unido, no es solo una disputa legal como quieren hacerlo ver los medios de comunicación si no que “forma parte del esfuerzo israelí por expulsar a Jerusalén Este, ocupada en 1967. Una clara violación del derecho internacional”. Además de esto, las familias palestinas históricamente viven en Sheikh Jarrah desde 1956, cuando el gobierno de Jordania con la supervisión de la Agencia de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados Palestinos de la Organización de Naciones Unidas les otorgó la propiedad de sus casas. Son generaciones que han nacido y crecido allí después que, en 1948, fueron desplazados de manera forzada de sus hogares para instaurar el Estado de Israel.
Movilización en apoyo a Palestina Es muy probable que el tribunal israelí haya aplazado la decisión por el temor a las reacciones de apoyo por parte de los palestinos. Todavía está reciente la enorme movilización popular que surgió en mayo en torno a Sheikh Jarrah y que desembocó en protestas en toda la Palestina histórica (incluidas las ciudades del interior de Israel) y en una ofensiva militar israelí contra Gaza. El 2 de agosto se verificaron protestas con decenas de palestinos cerca del edificio del Tribunal Supremo para mostrar su solidaridad con las cuatro familias amenazadas de desalojo, compuestas por un total de unos 70 miembros. Medios de comunicación informaron que las fuerzas sionistas también allanaron las casas de dos de las familias amenazadas de desalojo, disolviendo a los activistas que se oponían a las operaciones de Israel.
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Yoselina Guevara Corresponsal venezolana de Correo del Alba en Italia








