La vida no vale nada para un régimen que tiene prácticas filofascistas, que pisotea de manera recurrente los Derechos Humanos del pueblo de Colombia, que incumple el Acuerdo de Paz firmado en La Habana.
Caminamos al quinto año de la firma del Acuerdo y se siguen haciendo trizas los DD.HH.,más de seis mil asesinados denominados falsopositivos, para colmo vuelven las fumigaciones con glifosato, altamente tóxico y nocivo para las personas, la naturaleza, la flora, la fauna, contaminación de fuentes de agua y aceleración del desgaste del suelo. Concomitante, crímenes perpetrados en contra de líderes y lideresas sociales defensores/as de DD.HH.
Existe la presencia de una Misión Internacional que observa su cumplimiento, pero el gobierno de Iván Duque no tiene la voluntad política para viabilizar y ejecutar el Acuerdo. Por el contrario, siguen en aumento los crímenes selectivos, la sistemática persecución política selectiva.
Colombia está ocupada por siete bases militares norteamericanas que permiten acelerar la injerencia a la República Bolivariana de Venezuela, la penetración de paramilitares que no han dejado de realizar acciones terroristas en contra de la soberanía y libre determinación de Venezuela.
El régimen de Duque sigue al pie de la letra el manual de subversión política e ideológica y militar del gobierno federal de Estados Unidos, así como las políticas de shock impuestas por los multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, una de ellas una reforma tributaria, que contempla la aplicación de IVA (Impuesto de Valor Agregado) a la canasta familiar, que provocaría serios impactos a la economía familiar de la clase media y popular, beneficiando y generando la concentración de riqueza en pocas manos y oligopolios transnacionales que tienen el monopolio de semillas transgénicas y agrotóxicos de nefastos y negativos impactos en la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo y las familias campesinas.
En buena hora ese proyecto de reforma a la Ley Tributaria ha sido retirado de acuerdo a declaraciones del presidente Duque.
Empero, quedan pendientes reformas como: retomar las fumigaciones de cultivos con glifosato; laborales, de salud y de pensiones.
Hay un total silencio de la comunidad internacional, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Almagro, convertida en el ministerio de las colonias y zoocriadero de injerencia y golpes de Estado, que responde a la subversión política e ideológica de Estados Unidos.
Existe un sistemático y estructurado proceso de violación de los DD.HH. y han cerrado los ojos estos organismos.
Cuatro días de resistencia social en las calles de adolescentes y jóvenes, de barrios y ciudades sitiadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la Policía y fuerzas militares, configurando terrorismo de Estado, transgresión de la Constitución y normas internacionales en materia de DD.HH. Van más de catorce personas asesinadas, que la Procuraduría General del Estado investiga, por parte de las fuerzas de seguridad en los últimos cuatro días, además critica uso de las fuerzas militares en áreas urbanas y las principales ciudades colombianas (que usan armamento de combate), personas heridas de gravedad, pérdidas de glóbulos oculares, tortura, detenciones arbitrarias, mujeres víctimas de violencia sexual, con presunciones atribuidas a la Esmad, producto del excesivo uso de la fuerza cometida por la fuerza pública. Volvieron las desapariciones forzadas, policías infiltrados vestidos de civil en las marchas pacíficas, el uso arbitrario de gases lacrimógenos y aturdidores, así como el uso de tanquetas y vehículos antimotines que lanzan chorros de agua a alta presión.
La Esmad es una especie de policía motorizada pretoriana, de acuerdo a información de medios alternativos de comunicación, así como organizaciones defensoras de DD.HH.
Hay una brutal y demencial represión. Lejos de llamar al diálogo el presidente Duque ha militarizado algunas ciudades de departamentos de Colombia.
Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se ha convertido en la bastión de resistencia de estas medidas y reforma de carácter antipopular. El pueblo no aguanta más atropellos y precarización de sus derechos y se ha declarado en desobediencia civil amparado en la Constitución.
A un año de culminar su mandato, Duque ha agravado las condiciones de vida del pueblo colombiano, debido a la pandemia del Covid-19 ha decretado los toques de queda en alianza con algunos alcaldes alineados al partido que gobierna y de estricta obediencia al libreto de Álvaro Uribe Vélez que, en su cuenta de Twitter, incita a la violencia de policías y militares, aplaude la militarización y arenga a los militares y policías hacer uso de armas de fuego, y no de garantizar el ejercicio de los DD.HH.
Condenamos y repudiamos estos nefastos procedimientos, que no son más que el cumplimiento de agendas impuestas por el imperialismo norteamericano. La juventud colombiana perdió el miedo y está en las calles, luchando por dignidad y derechos.
Exhortamos a la comunidad internacional, al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) observar al Gobierno colombiano a respetar la Constitución, a instrumentos internacionales de DD.HH. y exigir su cumplimiento, así como la garantía del goce y disfrute de los derechos fundamentales.
Es preocupante que los grandes medios de comunicación no digan absolutamente nada, solo se limitan hablar de vandalismo, pero no de la Colombia profunda de los barrios populares, que no tienen el pan de cada día, que lo disputan en la calle, y que son terriblemente reprimidos por una Esmad que ingresa a esos barrios a violentarlos.
Ciudades sitiadas y ocupadas por militares y policías nos permiten ver que el gobierno de Duque perdió la brújula de la democracia y se ancló en el manual y actitudes dictatoriales propias de las dictaduras de los años 70 y 80, caracterizadas por violación de derechos, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, con abundantes fake news, relatos construidos desde la mutilación de la justicia por el imperio y cumplimiento de la agenda Made in USA.
Cuántos asesinados, torturados, tendrán que seguir incrementando las cifras negativas si no no hacemos seguimiento y desenmascaramos estas prácticas filofascistas que por más que repriman jamás dejará el pueblo de levantar la voz, porque ya perdió el miedo.
La ultraderecha colombiana atrincherada en el poder, durante 20 años, no cesa su injerencia a Venezuela. Hoy sus jóvenes son masacrados y viola los DD.HH. de su pueblo. La Unión Europea (UE), Estados Unidos y la OEA no dicen absolutamente nada. Seguramente no dejarán de culpar al castro-chavismo para justificar la terrible represión. No olvidemos que Colombia es el miembro estratégico en Sudamérica del brazo armado de la UE como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Justicia con verdad y derechos. Toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Colombia y la lucha seguirá enarbolando nuevos amaneceres de libertad y justicia social. Colombia debe disfrutar su derecho de vivir en paz, sin violaciones a los DD.HH.
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Luis Ernesto Guerra Analista político y activista de Derechos Humanos
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