La reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender inmediatamente todos los esfuerzos diplomáticos con Venezuela representa, una vez más, un claro ejemplo del imperialismo en acción. Esta medida no solo interrumpe un canal de diálogo, sino que confirma la apuesta del gobierno estadounidense por la confrontación y la desestabilización de un país soberano que se niega a someterse a los designios del capital transnacional.
Al ordenar a su enviado especial, Richard Grenell, detener cualquier acercamiento con el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, la Casa Blanca busca dejar sin margen la vía política y preparar el terreno para una nueva escalada militar en América Latina. La decisión, tomada tras una reunión con altos mandos del Pentágono, revela que la política exterior de Washington sigue marcada por el intervencionismo y la guerra.
Las operaciones militares en el Caribe, supuestamente dirigidas contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, son solo un pretexto. Detrás de la máscara de la “lucha contra las drogas” se ocultan los verdaderos objetivos: el control de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, la apropiación de recursos estratégicos —gas, coltán, oro y litio— y la eliminación de un modelo político que desafía el orden neoliberal.
La narrativa del narcotráfico se derrumba ante los hechos. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONU, Venezuela es un país libre de cultivos ilícitos, y apenas un 5% de la cocaína que se produce en la región transita por su territorio. En cambio, Colombia continúa siendo el principal productor mundial de cocaína, y el tránsito hacia Estados Unidos se realiza principalmente por el océano Pacífico, pasando por Ecuador y bajo la vigilancia de bases militares estadounidenses, cuya presencia parece más orientada a proteger y garantizar ese flujo que a combatirlo. La excusa del narcotraficante se cae sola frente a los datos que organismos internacionales y centros de estudio independientes han documentado con claridad.
Y si se observa el otro extremo de la cadena: la demanda, la hipocresía del discurso imperial queda totalmente expuesta. Estados Unidos es, de lejos, el mayor consumidor de drogas del planeta. En 2023, alrededor de 1,6 millones de personas mayores de 12 años admitieron haber consumido cocaína solo en el último mes; más de 40 millones reconocen haberla probado alguna vez en su vida, y el país concentra aproximadamente el 30 % del consumo global de esta droga. Las muertes por sobredosis de cocaína crecieron un 35 % entre 2019 y 2020, según datos de la propia administración estadounidense. ¿Cómo puede un Estado que ni siquiera controla su propio consumo pretender erigirse en juez y gendarme moral del mundo? La llamada “guerra contra las drogas” no es más que una coartada geopolítica: se castiga a los países del sur mientras se protege al gran mercado del norte que sostiene el negocio.
Además, Trump, en su desesperación por derribar a la Revolución Bolivariana, ha llegado a ofrecer 50 millones de dólares de recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro. Un acto de piratería o de Far West moderno que viola abiertamente el derecho internacional y la soberanía venezolana. Esta política de recompensas y amenazas recuerda las peores prácticas coloniales del siglo pasado, cuando los imperios colocaban precio a la cabeza de los líderes que resistían.
De concretarse una invasión, o un ataque selectivo, el continente entero reviviría el guion de sangre y saqueo que Estados Unidos ha impuesto durante más de un siglo en su llamado “patio trasero”. Las huellas del intervencionismo están aún frescas: Panamá en 1989, Granada en 1983, República Dominicana en 1965, Haití en 1994, sin olvidar las dictaduras sostenidas por Washington en el Cono Sur y las guerras sucias financiadas en Centroamérica. Cada operación “humanitaria” o “antinarcóticos” terminó en destrucción, represión y pérdida de soberanía para los pueblos latinoamericanos. Pero Venezuela no es ni será un nuevo capítulo de esa historia. Es una nación con una Fuerza Armada Bolivariana forjada en la doctrina de independencia de Bolívar y Chávez, y con un pueblo consciente de su papel en la defensa de la patria grande. En cada barrio, en cada comuna y en cada frontera, la conciencia antiimperialista está viva. Si el imperio osa agredir, encontrará la resistencia de un pueblo organizado que no solo defiende su petróleo, sino su derecho a existir libre y soberano.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) declaró en 2009 a América Latina como zona de paz. Cualquier intento de intervención militar estadounidense no solo violaría esa declaración, sino que pondría en riesgo la estabilidad regional y la vida de millones.
El verdadero conflicto no es contra el narcotráfico ni contra la “dictadura”, como repite la propaganda de Washington. Es una guerra por los recursos, por el control de la energía y por la elección de nuestros pueblos. Venezuela representa la posibilidad de un camino distinto: soberano, social y solidario, lejos del neoliberalismo individualista, competitivo y matón.
Por eso, frente a cualquier intento de invasión, el rechazo debe ser absoluto. Defender a Venezuela hoy es defender la autodeterminación de toda América Latina. Es resistir al viejo hegemón que, incapaz de aceptar el declive de su poder, recurre una vez más a la mentira, la amenaza y la violencia.
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Cris González Correo del Alba
