En esta nueva entrega para el especial “ciudades” entrevistamos al exviceministro de Vivienda y Urbanismo de Bolivia, Javier Delgadillo, quien nos explicó cómo ha sido la construcción de propuestas para la organización y el crecimiento de los espacios urbanos aplicando la filosofía del Vivir Bien, una de las premisas del Proceso de Cambio en los últimos años.
¿Cómo es la distribución de la población en Bolivia?
Bolivia ha dejado de ser un país rural hace más de una década. El Censo de Población y Vivienda del año 2012 ha demostrado que somos un país prioritariamente urbano, con un 67.5% de la población nacional que ya vivían en áreas urbanas. Las proyecciones proponen que más del 70% de bolivianas y bolivianos están viviendo actualmente en ciudades.
A este análisis hay que incorporarle la variable económica: a pesar de los tiempos difíciles producto del cambio abrupto de gobierno en noviembre de 2019 y las consecuencias de la pandemia en la vida y la economía de la población, desde 2006 se ha implementado el Modelo Económico Productivo Social Comunitario, que ha logrado que más tres millones de personas sobrepasen la línea de la pobreza y se incorporen al grupo de familias de ingresos medios.
¿Cómo ha sido abordado el tema urbano, en cuanto a políticas públicas, por el Proceso de Cambio?
El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha llegado en 2006 con la tarea fundamental de responder a una deuda histórica de abandono e invisibilización de los pueblos indígena originario campesinos. En esa lógica, una gran parte de las políticas implementadas por el Gobierno se ha centrado en el achicamiento de las desigualdades, de las que eran víctimas mayoritariamente los indígenas, los campesinos y las clases populares empobrecidas.
Los datos oficiales presentados en el mencionado Censo nos han identificado, reitero, como un país esencialmente urbano. A partir de 2014 el Gobierno comienza a planificar la actualización de sus políticas, dirigiendo la mirada hacia las ciudades. De esta manera, el 2016 se presenta en Ecuador el Informe País: Construyendo Comunidades Urbanas para Vivir Bien, como parte de los compromisos de Bolivia en la Asamblea de Hábitat III. En este se identifican algunos avances, las tareas pendientes, pero fundamentalmente un grupo de compromisos que pasan por la construcción, aprobación e implementación de una política urbana.
En 2017 comenzamos con el trabajo de la construcción de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, que concluye en su etapa de elaboración en 2019. La ruptura constitucional y el derrocamiento del expresidente Evo Morales tuvieron efectos en la gestión de esta política que hasta hoy no ha podido ni aprobarse ni implementarse.
¿Cuáles son los pilares de la planificación urbana actual en el país y cuáles sus desafíos a mediano y largo plazo? ¿Qué instituciones se hacen cargo del diseño de tal planificación?
La nueva Constitución Política del Estado (CPE) ha definido entregar la responsabilidad del desarrollo urbano a los gobiernos municipales. Estos entes de gobierno autonómico deben definir un marco de políticas públicas adecuadas a su contexto y a la realidad de su población.
Esta distribución de responsabilidades ha hecho que el Estado haya dejado en un segundo plano la definición de políticas nacionales de guía y acompañamiento a los gobiernos municipales sobre la planificación urbana territorial, lo que ha creado un abanico bastante amplio de visiones, de percepciones y de acciones en cuanto a las ciudades.
¿Cómo se aborda en términos prácticos el desarrollo urbanístico y la protección del medio ambiente?
El caso de las políticas medioambientales corre la misma suerte. Si bien es el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas el que define políticas nacionales respecto de esta temática, son los gobiernos municipales los que en entornos urbanos tienen la potestad de definir políticas, estrategias, planes y programas de respuesta a las necesidades de sostenibilidad medioambiental en las ciudades.
Esta dispersión y la poca capacidad técnica y financiera de los gobiernos locales hace que tanto el desarrollo urbanístico y la protección del medioambiente quede en manos de la buena voluntad y la predisposición de la población misma. Así, en varias ciudades son en su mayoría el mercado y los especuladores los que definen, al final, las políticas “de facto” para el desarrollo de nuestras ciudades. Y como para este sector tiene más peso el rédito económico que la sostenibilidad y el futuro de la Madre Tierra, dejan en segundo plano la protección del medioambiente.
¿Cuáles son las políticas trazadas para llevar a cabo una ciudad inclusiva en lo racial, social, acorde con las necesidades de personas con capacidades diferentes, entre otras?
Es a partir de la construcción de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, que está prácticamente lista para su aprobación y posterior implementación, que se comienzan a discutir estos temas de relacionamiento equitativo y armónico en nuestras ciudades.
Ahí se empieza a identificar la efectividad de políticas como la de la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación o la de inclusión de personas con discapacidad, gestionadas e implementadas a nivel nacional, principalmente, por el Ministerio de Justicia.
¿Cómo ha de ser la conectividad y el transporte para lograr una ciudad accesible?
En el caso del transporte, las tres regiones metropolitanas consolidadas del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), algunas más ágilmente que otras, han venido construyendo respuestas al tema del transporte y la conectividad, implementando medios masivos.
A partir de la experiencia producida por la pandemia, otros medios de transporte alternativo han venido promoviéndose con interesante crecimiento y consolidación. Los medios eléctricos y las bicicletas han ganado (o en algunos casos recuperado) un espacio importante en la vida diaria de la población urbana.
“Las proyecciones proponen que más del 70% de bolivianas y bolivianos están viviendo actualmente en ciudades”
¿Cómo evalúa el riesgo de destrucción del patrimonio arquitectónico y cómo evitar que desaparezcan las viejas ciudades?
El desarrollo inmobiliario es un hecho producido precisamente por la imposición del mercado en las ciudades. El poder económico se demuestra muchísimo más potente que el mismo Estado (en todos sus niveles y formas) y esto en las ciudades ha hecho que los centros históricos y patrimoniales entren en una zona de riesgo globalmente.
Los municipios de mayor escala han logrado conformar una estructura normativa significativa, pero aún hace falta que esa parte de la institucionalidad sea correspondida con herramientas de resguardo y seguimiento al uso de los inmuebles patrimoniales en los centros históricos del país.
Creo que es clave que el ejercicio de resguardo y preservación de los centros históricos de nuestras ciudades se concentre tanto en la construcción colectiva de una estructura de nueva generación, que responda más que a un ejercicio punitivo y de obligaciones a una dinámica de incentivos y promociones de otros beneficios para los propietarios, de tal manera que ellos puedan ver un acompañamiento integral a estos espacios y encuentren en esta política de incentivos una alternativa a las presiones mercantiles del suelo e inmobiliarias.
¿De qué se trata la regeneración urbana?
Al igual que los cuerpos vivos, las ciudades tienen ciclos internos en los que el todo o sus partes van avanzando por un camino que no necesariamente tiene un objetivo adecuado para el todo o las partes. Así, en las ciudades existen espacios en los que, producto de las acciones (o ausencia de ellas) privadas o públicas implementadas en ellos, se encuentran hoy en estados críticos en cuanto a lo social, lo cultural y lo económico y, por tanto, requieren ser parte de un proceso de “recuperación”, para devolverle las posibilidades de acompañar el desarrollo de la ciudad de manera adecuada.
En ese sentido, el ejercicio de regeneración urbana implementa una estrategia mayormente pública, dedicada precisamente a inyectarle recursos y acciones dirigidas a mejorar el entorno y, a partir de ello, promover movimiento económico, social y cultural, de manera que estos espacios sean recuperados por la ciudadanía en general.
¿Cómo podrían definirse las ciudades bolivianas en cuanto a tamaño y otras categorías?
Las ciudades de la región latinoamericana han tenido un crecimiento acelerado en las últimas cuatro o cinco décadas. Las ciudades “intermedias”, que han cobrado mayor relevancia en el crecimiento de los países, han sostenido un crecimiento incluso porcentualmente mayor a las grandes metrópolis.
Bolivia cuenta en este momento con ejemplos que se pueden ubicar en las dos categorías (salvando las distancias en términos de tamaños y cantidad de habitantes): a) Metrópolis, especialmente la región metropolitana de Santa Cruz, hoy con cerca de tres millones de habitantes, luego Cochabamba y La Paz, con una población cercana a los dos millones de habitantes; b) Ciudades intermedias (o emergentes), donde se pueden ubicar varias de las ciudades capitales de departamento, pero también otras que están en los ejes de conexión estratégica entre Este-Oeste o Norte-Sur. Hay varios ejemplos que pueden resaltarse en esta última categoría, como Yacuiba, Uyuni, Riberalta y otras.
¿Cómo se configura el desarrollo productivo en las ciudades grandes, pequeñas y medianas y el tratamiento de desechos contaminantes?
Bolivia hoy cuenta con un sistema de ciudades “de facto”, del que sus principales nodos resultan siendo las tres regiones metropolitanas. Mientras mayor es el tamaño de nuestras ciudades, mayor especialización presenta y, por tanto, le entrega al país una mayor cantidad de servicios que pueden ser utilizados por la población, pero también por las redes empresariales industriales que se asientan en esas regiones.
Eso conlleva, por supuesto, que a mayor tamaño del aparato industrial, mayor sea la generación de residuos. Ya las ciudades grandes han comenzado a enfrentar el desafío de la generación de residuos con una mirada más innovadora, pues el volumen de sus desechos les permite pensar en la financiación de la industrialización de su basura.
La pobreza y la desigualdad en las ciudades no detienen la migración campo-ciudad en busca de mejores escenarios de oportunidades, ¿cómo frenar estos fenómenos?
En la medida en que entendamos a los espacios urbanos como continuidades y continuaciones de los espacios rurales estas dicotomías entre lo urbano y lo rural serán enfrentadas de mejor manera desde los aparatos de administración del territorio. En Bolivia no existen municipios con territorios únicamente urbanos o puramente rurales.
Una característica importante de una gran parte de la población acá es precisamente la multilocalidad. Esta condición de pertenencia del espacio rural (donde los pueblos indígena originario campesinos tiene una presencia prioritaria) y del espacio urbano (donde se aglutina una gran cantidad de gente, por esta necesidad de acceso a condiciones diferentes de desarrollo), y este ida y vuelta regular y recurrente, son lo que constituyen la característica de multilocalidad, que nos ha dado la posibilidad de vislumbrar esta continuidad de una manera más natural.
¿Cuál es la situación en cuanto al número de viviendas?
Los datos oficiales del Censo muestran que cerca de un 65% de la población nacional tenía algún tipo de déficit habitacional: un millón 654 mil 558 hogares con déficit cualitativo y 183 mil 29 hogares con déficit cuantitativo. Sobre estos datos se han definido nuevas políticas que se han ido implementando desde ese tiempo.
Finalmente, ¿cómo se ha trabajado en el tema del hacinamiento y el acceso a la vivienda?
Se ha estado trabajando desde hace más de 14 años en un eje de gestión y promoción del financiamiento de la inversión privada, con incentivos desde el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, para el desarrollo de vivienda social; y otro eje de acción social-comunitaria-cooperativa asistida con respuestas colectivas, de autoayuda y de autosustentabilidad.
Se pensaba preferentemente (aunque no exclusivamente) en los grupos vulnerables, tradicionalmente sujetos de este tipo de políticas públicas: las mujeres jefas de hogar, las personas adultas mayores con carga familiar, personas con discapacidad, pero además se incorporaban en el abanico de sujetos activos de la política a las personas jóvenes (con o sin carga familiar) y a los adultos mayores en situación de abandono.
________________________________________________________
Nahir González Correo del Alba
