Por Mariela Montiel
El pasado 9 de septiembre, en Argentina se vivió uno de los episodios más inquietantes de los últimos años. Un sector de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la mayor fuerza de seguridad del país, con 90 mil efectivos, llevó adelante una demanda justa de recomposición salarial, pero equivocando las formas y desobedeciendo las jerarquías institucionales, poniendo en riesgo la democracia.
Mientras se desarrollaba la protesta, un grupo de trabajadores de la Policía bonaerense rodeó con patrulleros la Residencia Presidencial de Olivos, donde el mandatario Alberto Fernández cumple su Aislamiento Social Preventivo Obligatorio desde el comienzo de la pandemia, y días antes lo había hecho en la Casa de la Gobernación en La Plata, donde reside el gobernador Axel Kicillof, junto a su familia. En ambos casos, equivocaron el lugar y las formas, ya que no escogieron instituciones públicas, sino las residencias familiares, impidiendo la salida de ambos funcionarios. Por otra parte, fue un hecho sin representación legítima y consensuada, es decir, las actitudes de este sector autoconvocado en las residencias no eran reconocidas por el resto de los grupos. Las fuerzas de seguridad no pueden utilizar los móviles y las armas que paga el pueblo para un reclamo sectorial.
Abordaremos este hecho dentro de una mirada macroanalítica, para evitar caer en una mirada simplista. Para ello hablaremos de la injerencia del Pentágono en las últimas décadas sobre nuestro continente. Innumerables investigaciones demuestran que la política nacional de estados Unidos proyectada hacia afuera desde la caída de la Unión Soviética ha sido la globalización y el liberalismo económico. Una globalización que avanza sobre las soberanías nacionales, destruyendo la esperanza de los pueblos, y un liberalismo económico que profundiza la desigualdad, concentrando la riqueza.
No hace mucho, como resultado del crecimiento económico de China, los países emergentes de nuestro continente llevaron adelante políticas de redistribución equitativa de riquezas, reformas constitucionales y se integraron a partir de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para fortalecer la soberanía y la justicia social. El Banco del Sur o el proyecto de unas Fuerzas Armadas latinoamericanas para hacer frente al imperialismo norteamericano, son algunos ejemplos.
Frente a este escenario prometedor, vuelve a entrometerse la Doctrina Monroe. Recordemos la sucesión del quiebre institucional en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y recientemente en Bolivia (2019). Es sabido cómo opera Estados Unidos con estrategias judiciales como el lawfare y la complicidad de los medios, acusando de corrupción a Lula da Silva, Cristina Fernández, Rafael Correa y la reciente proscripción a Evo Morales y Rafael Correa.
Otro instrumento utilizado para frenar el resurgimiento de la Patria Grande ha sido el control fulminante de las políticas monetarias a favor de la especulación financiera y la fuga de capitales. Provocando altas deudas externas, devaluaciones y alarmantes tasas de inflación en toda la región, que se traducen en conflictos sociales entre las grandes mayorías populares. Aquí destacaremos que los trabajadores de la salud, educación y seguridad, quienes son los más afectados al momento de la reducción de presupuesto impuesto por los organismos internacionales.
Este marco continental se agrava con la puesta en marcha de una nueva ofensiva norteamericana denominada “Golpe Maestro”, información que se ha filtrado desde la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que tiene por objetivo derrocar el gobierno de Venezuela, poniendo fin a la Revolución bolivariana iniciada por Hugo Chávez.
A principio de 2018, un artículo de la pensadora argentina Stella Calloni sacó a la luz un documento de 11 páginas con la firma del almirante Kurt Walter Tidd, entonces comandante en jefe del Comando Sur estadounidense: «Plan to overthrow the Venezuelan Dictatorship-Masterstroke». Allí se esboza la agenda profunda de la guerra contra Venezuela, que en su etapa más avanzada prevé una operación multinacional. El documento enumera pasos para destruir a Nicolás Maduro, entre otros se llama a desabastecer el mercado interno; impedir el manejo de cuentas nacionales; ridiculizar su persona; minimizar geopolíticamente su importancia regional; desestabilizar el Gobierno y crear caos social. Ahora, ¿qué papel le han asignado a Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador dentro del “Golpe Maestro”? Según los planes de la CIA, las Fuerzas Armadas y de Seguridad de los países mencionados ayudarán a bloquear la movilización de tropas venezolanas y participarán del derrocamiento del gobierno elegido por el voto popular.
Dentro de la planificación, observamos que el 11 de septiembre de 2019, 11 países de las Américas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana) resolvieron convocar una reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con el argumento de que la situación actual en Venezuela tiene un «impacto desestabilizador» y plantea una «amenaza para la paz y la seguridad en el Hemisferio”. Recordemos que este tratado no ha sido respetado frente a la ocupación británica en las Islas Malvinas argentinas. También traigamos a la memoria que los países que antes integraba la Unasur, han decidido retirarse acusándola de corrupta.
Ahora sí, bajo este marco abordaremos la manifestación destituyente de la Policía bonaerense. Es real que trabajan en condiciones paupérrimas y que hasta no hace muchos años portaban armas sin haber terminado el nivel secundario del sistema educativo, tal situación demuestra claramente que es una institución clave para el avance de las políticas norteamericanas. Esto explica la poca formación, los bajos salarios y la complicidad en negocios ilegales como el narcotráfico, trata de personas y crimen organizado. Así también la falta de organización y conciencia nacional.
Lo que llama la atención es que días atrás el presidente Fernández anunció un programa histórico de inversión para este sector, marcando la antítesis al abordaje de Cambiemos y su exGobernadora, quien redujo presupuesto al sector, el interrogante es por qué se ataca, entonces, al gobierno actual. ¿Habrá relación de la derecha con nuestros principales opresores del Norte?
Las medidas y el trabajo en conjunto de nación y provincia han dado respuestas históricas (aumentando alrededor del 30% sus salarios) a los trabajadores de la seguridad y han llevado con ellas tranquilidad al pueblo. Fue una jornada en que el repudio general de la comunidad se manifestó fuertemente y no faltó la organización de los trabajadores decididos a defender la democracia. Desde 1983 organismos de Derechos Humanos y el pueblo entero dijimos: «¡Nunca más! Democracia para siempre».
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Mariela Montiel
